La falta de EDUCACIÓN de muchos sectores de la población colombiana es un factor desencadenante de fenómenos sociales graves como la pobreza, el desempleo, la violencia, la corrupción gubernamental, la inequidad social, la falta de productividad y competencia empresarial, circunstancias que impiden la implementación de un modelo de Desarrollo Humano Sostenible, como quiera que los individuos que conforman la familia, el barrio, la localidad, no gozan de garantías que les permitan a su vez, de la posibilidad de crecer intelectual y económicamente.
A pesar de la consagración de la EDUCACIÓN como un DERECHO SOCIAL en el artículo 67 de la Constitución de Política de 1991 donde se establece que: “La EDUCACIÓN es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el ACCESO al CONOCIMIENTO, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la CULTURA.” y que “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la EDUCACIÓN...”, no se observa un compromiso real en garantizar a los ciudadanos el acceso a una EDUCACIÓN de calidad que permita al Estado cumplir con los fines esenciales previsto en el artículo 2 de la misma Norma superior, esto es, “...promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la PARTICIPACIÓN de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”
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